La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas.
El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción.

La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas.
El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción.

La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional. Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada. La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema. Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función. En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad, el Título V al control administrativo y el Título VI al régimen sancionador. El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.

La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional.
Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema.
Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función.
En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad,
el Título V al control administrativo
y el Título VI al régimen sancionador.
El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.

La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional.
Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema.
Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función.
En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad,
el Título V al control administrativo
y el Título VI al régimen sancionador.
El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.

El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y el examen de acceso.

El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y el examen de acceso.

Con ocasión del ingreso de Alberto Palomar Olmeda, director de la Revista de Derecho del Deporte y el Entretenimiento, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, se publica este número especial con el que se le rinde homenaje, y en el que se analiza la evolución del Derecho Deportivo y su incidencia aplicativa en los diferentes países, así como la colisión que puede plantearse con las normas de orden público nacional y las emergentes normas del Derecho Comunitario.

Esta obra incluye 600, repartidas en 12 test de 50 preguntas-respuestas, preguntas sobre las materias evaluables de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía para el año 2014, convocada para el 28 de junio de 2014. Repartidas en cinco bloques, el primero recoge las materias comunes al ejercicio de la profesión, justicia gratuita y costas procesales, en el segundo se encuentran las materias específicas de Derecho Civil, Mercantil y proceso civil, junto con la organización y funcionamiento de los Tribunales.
El tercer bloque incluye preguntas relativas al procedimiento criminal, a las que siguen las propias de la materias específicas de la Jurisdicción Contenciosa, Procedimiento Administrativo, Administraciones Públicas, Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y Contratos Administrativos. Cierra la edición las preguntas relativas a la Jurisdicción Social.
Por su amplitud, detalle, estructura y formato, exclusivamente en libro digital, estamos ante una obra imprescindible para afrontar con éxito la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado.

La Administración Pública de nuestras días está sometida a profundos cambios y transformaciones. En lo que se refiere al ejercicio de las actividades económicas se ha producido, sin duda, una transformación novedosa fruto de un conjunto de normas que vienen modificando el conjunto de técnicas con las que la Administración controla el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.
En concreto, la introducción de la declaración responsable y la comunicación previa, junto con una utilización residual y minoritaria numéricamente, están llamadas a cambiar el panorama público tanto en lo que se refiere, por un lado, al propio acceso a las actividades pero, también y de otro, al ejercicio de las facultades de supervisión y control e, incluso, al ejercicio de las potestades sancionadoras.
La presente Obra trata, precisamente, de abundar esta transformación y en la capacidad de articular un marco diferente de relaciones con las Administraciones Públicas y, por ende, con los ciudadanos. Se trata de un eslabón en un proceso que acaba de comenzar pero que tiene un amplísimo recorrido a desarrollarse en los próximos tiempos.